Luego de la guerra de Irak existe un importante consenso entre los más diversos analistas se abrió una nueva etapa en el sistema internacional. El turning point fueron los atentados terroristas, del 11 de septiembre del 2001, sobre Nueva York, Washington D.C. y Pennsylvania. La decantación de este cambio fue producto de la respuesta unilateral de los Estados Unidos frente al nuevo contexto. En esta nueva etapa América Latina está ubicada en un lugar marginal en los debates sobre seguridad internacional. Sus propios problemas de gobernabilidad, su fragmentación y atomización le dificultan el abrirse un espacio para captar la atención sobre sus principales preocupaciones, de parte de las potencias globales. Una manifestación de lo anterior son las dificultades para construir consensos de cara a la Conferencia Especial de Seguridad de las Américas.

Nuevo escenario global. América Latina pierde relevancia

El fin de la guerra fría cerró un ciclo de 50 años en el sistema internacional. Surgieron grandes expectativas de colaboración multilateral. El rol de Naciones Unidas pareció reforzarse y de hecho se incrementó su presencia en la búsqueda de soluciones a graves conflictos que afectaban a la paz y seguridad internacional. Sin embargo, las inercias burocráticas, la creciente falta de recursos y en definitiva la débil voluntad de respaldo político de los estados miembros llevaron a una crisis del sistema multilateral, hacia mediados de la década de los noventa.

La búsqueda de alternativas se expresó en el Informe Brahimi, en la creación de la Comisión sobre Seguridad Humana, en la Comisión sobre Intervención y Soberanía del Estado y en el Informe del Milenio. Los atentados terroristas del 11 de septiembre desplomaron esta discusión y abrieron un importante espacio a las definiciones unilaterales de los Estados Unidos. Esto expresa la profundidad de la crisis del sistema multilateral institucional global. Adicionalmente, como trasfondo de carácter estructural en el proceso de cambios, se pueden destacar algunas tendencias que constituyen las bases más estructurales que definen los espacios y tendencias del sistema internacional: el fin de la guerra fría; la globalización; la interdependencia; los cambios en la soberanía, las brechas en el desarrollo y el surgimiento de nuevos actores.

El impacto del fin de la guerra fría y el cambio geoestratégico constituyó a Europa, articulada en torno a la Unión Europea, como un nuevo actor global. El fin del bipolarismo, finalmente, no culminó en la construcción de un sistema multipolar en el terreno estratégico militar; en este nivel apareció una hiper potencia, que ejerce una hegemonía de tal magnitud que asegura un control unipolar en el terreno estratégico.

Un segundo cambio de magnitud está referido a la globalización. Este proceso transforma el contexto general de las relaciones políticas, económicas, sociales y estratégicas en las cuales se encuentran inmersos los principales actores. Es un proceso de carácter transnacional; sus manifestaciones son segmentadas y posee efectos diferenciados en las distintas regiones. Uno de los impactos principales ha sido reducir las esferas de poder del Estado. Estos encuentran dificultades para controlar importantes actividades en el comercio, las finanzas, las comunicaciones, las tecnologías. A estos se pueden agregar los ilícitos y la criminalidad internacional, el tráfico de personas. El proceso globalizador erosionó la soberanía estatal. A la vez, estos procesos han tendido a unificar comportamientos, consumos y valores con lo que afectan las pautas culturales de diferentes países y regiones del mundo. La mundialización cambió las dimensiones del espacio y el tiempo. En la actualidad el escenario es efectivamente planetario y los acontecimientos demandan decisiones en tiempo real frente a sucesos en cualquier parte del planeta.

En forma paralela al desarrollo de la globalización se entrelaza otro fenómeno que la refuerza, la interdependencia global. Diversos fenómenos lo evidencian, los medio ambientales, las crisis financieras y las epidemias como el SIDA o el SARS. La mayor vinculación y asociación al interior de las diversas regiones y en el marco global constituyen uno de los fenómenos característicos de esta época.

Las nociones tradicionales sobre la soberanía han cambiado de manera sustantiva. La porosidad de las fronteras hace que sea cada vez más difícil diferenciar las esferas “externas” de las domésticas. La interpenetración de los sistemas políticos y las influencias recíprocas son cada vez más gravitantes. El concepto de soberanía anclado en el eje territorial pierde validez a medida que avanza la globalización. Los Estados han demostrado una lenta y dificultosa capacidad de respuesta frente a estos fenómenos, en particular entre los más débiles. Más aún, los llamados “Estados fallidos” posibilitan el desarrollo de redes criminales, de economías ilegales y de áreas en las cuales la proliferación o intercambio tecnológico y de armas se efectúan con facilidad. Parte importante de las nuevas amenazas de carácter global y regional se fundan en la incapacidad de los Estados para controlar sus espacios nacionales. Estos tampoco logran asociarse de manera positiva para generar procesos de soberanía agregada a través de la cooperación.

Asimismo, otro hecho social encadenado a los fenómenos antes descritos y que posee una incidencia global es el referido a las crecientes inequidades en el planeta. Las brechas en el desarrollo humano se manifiestan con gran fuerza incentivando conflictos en distintas partes del mundo. En el caso latinoamericano la CEPAL estimaba, en 1999, que un 44% de la población vivía en la pobreza, es decir, más de 215 millones de personas.

Otro cambio estructural detonado por el fin de la guerra fría y que emergió con fuerza en la década posterior, ha sido la presencia de nuevos actores internacionales. La emergencia de una sociedad civil global ha cobrado cada vez más importancia. Sin embargo, ello no ha estado acompañado del desarrollo de un proceso participatorio que constituya una ciudadanía global. La institucionalidad política multilateral sigue siendo eminentemente interestatal y no la incorpora de manera efectiva otras manifestaciones de la sociedad internacional.

Al evaluar la situación latinoamericana en este nuevo marco global, encontramos que la región a perdido importancia relativa en las prioridades de la agenda global. América Latina está ocupando un espacio marginal en las principales preocupaciones e intereses de las potencias.

La crisis de gobernabilidad de la región y las dificultades para consensuar políticas y para actuar con “una sola voz” tienden a agudizar la situación de marginalidad. Esta situación se agravó con la guerra de Irak, ésta dividió a la región y la fracción aún más. El posicionamiento nacional de importantes países de América Latina, tensionó sus vínculos con los Estados Unidos. La falta de una perspectiva común, debilitó las opciones y posiciones de todos. Frente al ataque de la coalición anglo-estadounidense con apoyo español contra Irak, sin la autorización de Naciones Unidas, los países latinoamericanos se dividieron. Siete apoyaron la política de la coalición, buscando con esto obtener ventajas en sus vínculos bilaterales o subregionales con Estados Unidos. Tres países adoptaron posiciones ambiguas, y siete países rechazaron la intervención. En este último caso, correspondió a los países de mayor tamaño de la región. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Chile y México expresaron el rechazo a la guerra. Es decir, frente al hecho de mayor significación y mayor impacto en la inserción internacional de América Latina y en sus relaciones externas, América Latina no logró concertar una política común.

La articulación de consensos latinoamericanos para enfrentar los nuevos fenómenos globales es reducida, con ello se pierden oportunidades y espacios de cooperación e incidencia en el sistema internacional. También, como consecuencia de estos déficit políticos, América Latina debilita su poder, cuestión que es crucial en sus relaciones con las potencias, en especial con Estados Unidos. Esta reducción de capacidades incide a la hora de establecer y definir las reglas que gobiernan y articulan la mundialización.

América Latina crisis recurrentes. Democracias débiles, inestabilidad e inseguridad

Los ciclos recurrentes de inestabilidad son otro aspecto que dificulta el posicionamiento internacional latinoamericano. Ellos expresan la debilidad de las democracias y los problemas de gobernabilidad que afectan a los diversos países. El cuadro regional es de alta vulnerabilidad.

Al mirar los acontecimientos de los últimos trece años, desde que la totalidad de los países de la región, con la excepción de Cuba, recuperaron la democracia, encontramos ciclos de inestabilidad institucional que se expresaron en golpes de Estado, levantamientos militares, o la destitución de Presidentes, por citar los hechos más destacados. Todo ello conforma una situación en la cual las democracias poseen una baja intensidad y densidad. De allí que, el grado de satisfacción con la democracia sea muy bajo, sólo de un 27%; y que el respaldo ciudadano a “otras formas de gobierno” se haya incrementado con el correr de los años, en los estudios efectuados por el Latinobarómetro. En el año 2002, en Sudamérica, habían cuatro gobiernos interinos. El respaldo de la opinión pública a muchos gobiernos no alcanza al 25%, lo que paraliza a los gobiernos y se incrementa la ingobernabilidad. Estos fenómenos se agravan por la debilidad de las coaliciones políticas y la falta de respaldo parlamentario de los gobiernos. Emergen gobiernos débiles, con altas expectativas y sin mandato efectivo. La excepción hoy es Lula en Brasil.

Cada una de las crisis, situaciones de tensión y polarización afectan de manera seria las libertades civiles. En muchos casos terminan coartando la libertad efectiva y limitando el goce de los derechos de las personas. A ello se suma que las inequidades y el gap en el desarrollo humano, en América Latina es donde se expresa con mayor fuerza. Todo lo anterior incrementa las tensiones domésticas de carácter político, económico, social, étnico y cultural, las cuales como consecuencia de la debilidad institucional democrática, y de los frágiles mecanismos de participación y control social, no encuentran caminos institucionales efectivos de resolución. Más aún, en una región en la cual la alta corrupción es algo característico, así como, el compadrazgo y las políticas populistas.

Este cuadro de inestabilidad y de recurrentes crisis afecta la seguridad de la región. Las principales demandas en este campo están radicadas en conflictos de carácter intranacional. Es decir, en situaciones en las cuales el impacto de la globalización, la interdependencia, la erosión de la soberanía y la brecha en el desarrollo humano se manifiestan en diversos tensionamientos y conflictos que incluyen el uso de la fuerza. En este nuevo tipo de conflictividad actores no estatales poseen creciente importancia. El crimen organizado y actores no estatales, plantean importantes desafíos a la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad. Estas redes criminales internacionales han aprovechado los desarrollos tecnológicos y las oportunidades que generan el proceso de globalización, a diferencia de los Estados que encuentran crecientes dificultades para establecer estrategias e instrumentos de cooperación intergubernamentales eficientes. Las principales y quizás las únicas opciones para enfrentar los nuevos desafíos –las cinco guerras de la globalización, como las llama Moisés Naím- son incrementar la cooperación intergubernamental y la asociación en la definición de estrategias compartidas. Sin esta perspectiva no hay oportunidades de éxito para enfrentar temas tales como el narcotráfico o el tráfico ilegal de armas. Ni aún, la hiperpotencia posee capacidades para resolver esta situación de manera unilateral. La cooperación y el esfuerzo conjunto es la única perspectiva para el éxito; y en este campo, América Latina ha mostrado dificultades para concertar políticas.

Enfrentamos un nuevo contexto internacional que demanda una nueva seguridad. Esta evidencia un carácter interdependiente, cuyas expresiones varían en las distintas subregiones como consecuencia de la multidimensionalidad del fenómeno. Los Jefes de Estado y gobierno de las Américas anticiparon que el nuevo contexto requería una nueva seguridad. Consecuentemente, en la II Cumbre de las Américas, Santiago, 1998; y en la III Cumbre, en Québec en el 2001 demandaron la realización de una Conferencia Especial de Seguridad. La responsabilidad de su organización recayó en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. El gobierno de México ofreció a su país para desarrollar esta importante Conferencia, la que está prevista para el 28 y 29 de octubre de 2003. El éxito de ella demandará la construcción de consensos conceptuales y operacionales. El proceso de preparación ha demostrado que es una tarea compleja. La heterogeneidad regional, su fragmentación y la búsqueda de opciones individuales mas que regionales, limitan los consensos. No obstante, la interdependencia de la seguridad condiciona de tal forma que incentiva y contribuye vitalmente a establecer un consenso básico en materias de seguridad en las Américas.

Hacia una conferencia de seguridad inclusiva

El sistema de seguridad internacional de las Américas en el siglo XXI, responderá a principios y consensos nuevos. El consenso democrático se constituye en el eje fundamental en torno el cual se organizan, estructuran y proyectan las actividades de prevención, protección y disuasión. Es por lo tanto, en torno al fortalecimiento de la democracia, junto a los avances en los procesos de cooperación e integración hemisférica, en donde se articularán los parámetros sustantivos del nuevo sistema internacional de seguridad.

En los temas tradicionales de la seguridad, es decir, en aquellos referidos al eje soberano territorial, en la década de los noventa se lograron significativos avances. Los contenciosos referidos a los temas limítrofes se redujeron de manera drástica. Las diferencias pendientes no son percibidas como amenazas que puedan manifestarse en términos de un probable uso de la fuerza. Si ello ocurriera tendrían la condena inmediata y se aplicarían sanciones establecidas en acuerdos internacionales y regionales. La principal conclusión en este terreno, es que la construcción de confianza, el desarrollo de la transparencia y la aplicación de medidas de confianza mutua y de seguridad, posibilitaron la reducción significativa de la conflictividad interestatal.

Las principales demandas y las principales fuentes de inseguridad, se ligan a los temas intraestatales. Allí las vulnerabilidades tienen una mayor probabilidad de transformarse en crisis o situaciones de tensión que conlleven el uso de la fuerza, entre actores no estatales y las fuerzas institucionales que buscan darle imperio al Estado de derecho. Las vulnerabilidades ligadas a la falta de desarrollo y a las graves inequidades, aparecen como una condición que favorece el descontento y la polarización. Sin embargo, no es evidente ni es posible establecer una correlación directa entre las carencias de desarrollo y el uso de la fuerza. La respuesta a este fenómeno y a las mayores demandas de seguridad, no están ni pasan por la “securitización” del desarrollo. En otro términos, hacer del “combate” de la pobreza un tema de seguridad es errado; aunque éste es un tema de primera importancia y prioridad. Los mecanismos para incrementar el desarrollo y superar la pobreza, se ligan esencialmente a la capacidad de los estados para generar reformas en los sistemas políticos, económicos y sociales; y al incremento de la cooperación entre ellos y de éstos con instituciones internacionales que promueven y financian el desarrollo. Todo lo anterior en un marco de incremento de la participación de los actores de la sociedad civil en las definiciones de política pública.

En las Américas, existe debilidad en los instrumentos de alerta temprana, de prevención y de anticipación de conflictos. Si bien en lo relativo a los temas de la agenda tradicional se han desarrollado algunos positivos mecanismos subregionales -tales como, el Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, los acuerdos al interior de la comunidad andina, y del MERCOSUR- que abordan estas materias. En el caso de las nuevas amenazas y en especial a las amenazas asimétricas o las que ejercen el mayor uso de la fuerza (terrorismo/crimen organizado) el desarrollo de mecanismos anticipatorios y de prevención es muy limitado. Esta corresponde a una de las principales tareas que deberá abordar la Conferencia Especial de Seguridad: la articular organismos y entidades que están atomizados, en una nueva arquitectura institucional de carácter flexible.

El enfoque multidimensional sobre la seguridad posibilita visualizar el amplio abanico de demandas de seguridad y las medidas de acción efectivas para prevenir la violencia y otras amenazas no militares. Esto supone abordar dos aspectos cruciales en el marco democrático constitucional y del imperio del Estado de derecho: a) el pleno ejercicio de la soberanía estatal democrática en el conjunto del territorio nacional y b) el monopolio estatal de la violencia. Estos dos aspectos son cruciales para diseñar y efectivizar mecanismos de cooperación eficientes y avanzar en medidas efectivas de solidaridad y seguridad colectiva.

La multidimensionalidad de la seguridad que, como lo ha señalado la Comisión de Seguridad Hemisférica, no refleja ninguna priorización específica, sí requiere de un eje conductor, este debe ser el uso de la fuerza. Con ello se evita ampliar y extender el concepto de seguridad a todo fenómeno o hecho social importante. Con este eje articulador se definen de manera clara los roles institucionales y se evitan dos tendencias igualmente negativas, la militarización de las policías y la policialización de las fuerzas armadas. Adicionalmente, al focalizar la seguridad se restringen los peligros de militarización de la política y de los fenómenos sociales. Por lo tanto el concepto de seguridad queda radicado en la prevención y en la erradicación de las amenazas ligadas al uso de la fuerza. Para la erradicación de otros fenómenos, que afectan vitalmente a la población como la pobreza o las epidemias, son mas apropiados conceptos de la agenda de desarrollo y no su securitización. En ambas agendas la cooperación, solidaridad y ayuda son cruciales.

La seguridad –en esta etapa de mundialización- está escindida, los enfoques en esta materia deben ser capaces de incorporar las distintas dimensiones que afectan y condicionan la seguridad internacional, la seguridad del Estado; así como, a la seguridad interna. El enfoque multidimensional es el que posibilita incorporar en una visión coherente e integrada estas distintos niveles en los que se materializa la seguridad.

En el contexto de los cambios internacionales que ubican a las personas crecientemente en el centro del sistema, es necesario articular un concepto de seguridad capaz de otorgar coherencia a los tres ámbitos principales en torno a los cuales este se articula. El concepto de seguridad humana contribuye a la visualización de las vulnerabilidades, demandas y enfoques, que surgen en los temas relativos a la seguridad de las personas. Un segundo ámbito de preocupaciones, a los cuales un concepto coherente debe de dar respuesta, está radicado en la seguridad del Estado, es decir, en los temas referidos a la agenda tradicional como a las respuestas a las nuevas vulnerabilidades derivadas del proceso de globalización, interdependencia y erosión de la soberanía. El tercer ámbito que debe de ser integrado es el referido a la seguridad internacional. Este refleja problemas globales y muestra la transferencia de inestabilidad de una región a otra. La articulación en un concepto de seguridad coherente e integrado, de estas tres esferas, se transforma en una de las demandas más sustantivas para el avance en una conceptualización común sobre la seguridad en las Américas. No es una tarea fácil, sin embargo, será difícil eludirla. Un salto cualitativo en este campo implica generar un avance sustantivo en la conceptualización.

No obstante lo anterior, el objetivo principal de la Conferencia Especial de Seguridad, no es producir una conceptualización de la seguridad en sí, sino, expresar en una Declaración Política los consensos en torno a los principios rectores de la cooperación, la prevención, la mitigación y la disuasión reconocidos y apoyados en las Américas en materias de seguridad internacional. El éxito de la Conferencia Especial de Seguridad, está radicado en la capacidad para desarrollar un enfoque amplio, el cual, sin embargo, debe tener un eje conductor ligado al uso de la fuerza. Estos dos aspectos deberán materializarse de manera focalizada en un Plan de Acción, que organice la cooperación, la solidaridad y la voluntad política de actuar conjuntamente en la protección de la democracia, la paz y la estabilidad en las Américas.

Los avances alcanzados en el último período con la suscripción de la Carta Democrática de las Américas, la Convención Interamericana en Contra del Terrorismo, y la reafirmación de la voluntad de consolidar y desarrollar a la América Latina como una zona desnuclearizada, libre de armas de destrucción masiva y en definitiva, como una zona de paz, auguran oportunidades para un éxito en la Conferencia Especial de Seguridad.

Concretar el éxito de la Conferencia, es una responsabilidad compartida de los distintos actores. Si bien la obligación primaria está en los Estados y en el liderazgo de su dirigencia; los actores de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y los centros académicos, también poseen un espacio de participación e incidencia que ha sido abierto por la Organización de Estados Americanos. El resultado final se materializará en el establecimiento de una nueva arquitectura flexible de la seguridad internacional en las Américas. El desarrollo e institucionalización de estos mecanismos facilitará las tareas de consolidación de la paz en esta parte del mundo; lo cual contribuye a la estabilidad global.

ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD

Nosotros, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, Representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en la Ciudad de México, D. F., en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad convocada por la Asamblea General de la Organización mediante la resolución AG/RES. 1940 (XXXIII-O/03), como una expresión del compromiso político de combatir las amenazas, preocupaciones, y otros desafíos que afectan la seguridad de los Estados del Hemisferio, y de conformidad con los mandatos de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno en la Segunda y Tercera Cumbres de las Américas, realizadas en Santiago de Chile y la ciudad de Québec, Canadá, respectivamente, hemos adoptado la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que se adjunta.

Con el propósito de mantener el impulso político del proceso que se ha renovado en la Conferencia Especial sobre Seguridad, acordamos fortalecer las coordinaciones orientadas a lograr la aplicación, evaluación y seguimiento de los compromisos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas.

Firmada en la Ciudad de México, D.F., a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil tres.

DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 28 de octubre de 2003)

Nosotros, los Estados de las Américas representados en la Conferencia Especial sobre Seguridad en la Ciudad de México, comprometidos a promover y fortalecer la paz y la seguridad en el Hemisferio,

Recordando que la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, realizada en Chapultepec, México, en 1945, propuso un esquema para hacer frente a los requerimientos de seguridad de las Américas;

Teniendo presente que el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, de 1991, decidió iniciar un proceso de reflexión conjunta sobre la seguridad hemisférica, desde una perspectiva actualizada e integral, a la luz de las nuevas circunstancias mundiales y regionales;

Recordando que la Cumbre de las Américas de Santiago encomendó a la Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, que “efectúe el seguimiento y profundización de los temas relativos a medidas de fomento de la confianza y la seguridad, realice un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los conceptos de seguridad internacional en el Hemisferio, con el propósito de desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar sus diversos aspectos, incluidos el desarme y el control de armamentos, e identifique las formas de revitalizar y fortalecer las instituciones del sistema interamericano relacionadas con los distintos aspectos de la seguridad hemisférica”, que culmine en una Conferencia Especial sobre Seguridad en el marco de la OEA;

Destacando que la Cumbre de las Américas de la ciudad de Québec pidió a la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA la revisión de todos los temas que se refieren a los enfoques comunes sobre la seguridad internacional en el Hemisferio, con miras a celebrar la Conferencia Especial sobre Seguridad;

Considerando que la Declaración de Bridgetown reconoce que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales;

Considerando que los Estados de las Américas compartimos raíces históricas, principios y valores de civilización que nos han permitido consagrar un orden jurídico sustentado en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

Reconociendo que los Estados del Hemisferio enfrentamos tanto amenazas tradicionales a la seguridad como nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que por sus características complejas han determinado que la seguridad tenga un carácter multidimensional; y

Firmemente convencidos de que, en vista de los cambios profundos que han ocurrido en el mundo y en las Américas desde 1945, tenemos una oportunidad única para reafirmar los principios, valores compartidos y enfoques comunes sobre los cuales se basa la paz y la seguridad en el Hemisferio,

Declaramos lo siguiente:


I. PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA CARTA DE LA OEA

1. Reafirmamos que la seguridad en el Hemisferio tiene como base fundamental el respeto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.


II. VALORES COMPARTIDOS Y ENFOQUES COMUNES

2. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.

3. La paz es un valor y un principio en sí mismo y se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional. Nuestra arquitectura de seguridad contribuirá a preservarla a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre nuestros Estados para enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones y otros desafíos que confronta nuestro Hemisferio.

4. Afirmamos que nuestra cooperación para enfrentar las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad también se fundamenta en valores compartidos y enfoques comunes reconocidos en el ámbito hemisférico.

Entre ellos destacan los siguientes:

a) Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico, y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas.

b) La democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio. En particular, reafirmamos nuestro compromiso con la plena observancia de la Carta Democrática Interamericana, sus valores, principios y mecanismos.

c) El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la buena gestión gubernamental son esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, económico y social de los Estados del Hemisferio.

d) La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto del estado de derecho por todas las entidades y sectores de la sociedad son valores fundamentales y contribuyen a la estabilidad y la paz de los Estados del Hemisferio.

e) En nuestro Hemisferio, en nuestra condición de Estados democráticos comprometi-dos con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, reafirmamos que el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana. La seguridad se fortalece cuando profundizamos su dimensión humana. Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.

f) La educación para la paz y la promoción de la cultura democrática tienen un papel destacado en el desarrollo de los Estados y el fortalecimiento de la estabilidad y la consolidación de nuestro Hemisferio como una región donde prevalecen el entendimiento y el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación.

g) La justicia social y el desarrollo humano son necesarios para la estabilidad de cada Estado del Hemisferio. El fomento de las relaciones de amistad y la cooperación interamericana para el desarrollo integral fortalece la seguridad de los Estados del Hemisferio.

h) Los Estados del Hemisferio reafirman la importancia de mejorar la participación de la mujer en todos los esfuerzos para la promoción de la paz y la seguridad, la necesidad de aumentar su papel en la adopción de decisiones en todos los niveles con respecto a la prevención, gestión y resolución de conflictos, e integrar una perspectiva de género en todas las políticas, programas y actividades de todos los órganos interamericanos, organismos, entidades, conferencias y procesos que traten asuntos de seguridad hemisférica.

i) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.

j) Las amenazas tradicionales a la seguridad y sus mecanismos para enfrentarlas siguen siendo importantes y pueden ser de naturaleza distinta a las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad y a los mecanismos de cooperación para hacerles frente.

k) Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada.

l) Los Estados del Hemisferio reconocen diferentes perspectivas sobre las amenazas y prioridades a su seguridad. La arquitectura de seguridad en nuestro Hemisferio deberá ser flexible y contemplar las particularidades de cada subregión y de cada Estado.

m) La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa:

· el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;

· la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados;

· los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente;

· la trata de personas;

· los ataques a la seguridad cibernética;

· la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y

· la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

Corresponde a los foros especializados de la OEA, interamericanos e internacionales desarrollar la cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos con base en los instrumentos y mecanismos aplicables.

n) Los procesos de integración subregional y regional contribuyen a la estabilidad y la seguridad en el Hemisferio.

o) Los acuerdos y mecanismos de cooperación bilaterales y subregionales en materia de seguridad y defensa son elementos esenciales para fortalecer la seguridad en el Hemisferio.

p) La prevención de conflictos y la solución pacífica de controversias entre los Estados son fundamentales para la estabilidad y seguridad del Hemisferio.

q) Los Estados del Hemisferio reconocen la importancia del diálogo y de otros esfuerzos nacionales para lograr la solución de situaciones de conflicto interno y alcanzar la reconciliación y una paz justa y duradera. Las instituciones y mecanismos internacionales, interamericanos y subregionales pueden desempeñar, cuando el Estado afectado así lo solicite, un papel valioso en apoyo a los esfuerzos nacionales de paz y reconciliación.

r) El pleno respeto a la integridad del territorio nacional, la soberanía y la independencia política de cada Estado de la región es base fundamental de la convivencia pacífica y la seguridad en el Hemisferio. Reafirmamos el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, de todos los Estados y nuestro compromiso de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA.

s) El Hemisferio ha logrado importantes avances en el mantenimiento de la paz. Para asegurar estos avances, se requieren esfuerzos constantes con el fin de utilizar eficazmente los medios acordados para prevenir y resolver pacíficamente las controversias o conflictos entre Estados, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas.

t) Los Estados del Hemisferio reconocen la necesidad de dar pronta solución pacífica a las controversias que aún subsisten en el Hemisferio y comprometen todos sus esfuerzos al logro de acuerdos negociados inspirados en la justicia y el pleno respeto al derecho internacional y a los tratados vigentes.

u) Las medidas de fomento de la confianza y la seguridad y la transparencia en las políticas de defensa y seguridad contribuyen a aumentar la estabilidad, salvaguardar la paz y la seguridad hemisférica e internacional y consolidar la democracia.

v) Reconocemos la importancia y utilidad que tienen, para aquellos Estados que son parte, los instrumentos y acuerdos interamericanos, tales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), reconociendo las diferentes perspectivas de seguridad y los compromisos de los Estados Miembros.

w) Reiteramos el propósito de alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros.

x) La solidaridad de los Estados americanos, expresada a través de la cooperación económica, técnica, política, jurídica, medioambiental, social, de seguridad y de defensa, contribuye a la estabilidad y la seguridad de los Estados y del Hemisferio en su conjunto.

y) La seguridad del Hemisferio se ve afectada por las amenazas a la paz y la seguridad mundiales. Asimismo, un Hemisferio estable y seguro constituye un componente esencial de la paz y la seguridad mundiales. Por lo tanto, los Estados del Hemisferio tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad internacionales, en especial mediante el respeto del derecho internacional y el apoyo a los regímenes bilaterales, regionales y multilaterales de desarme y no proliferación de todas las armas de destrucción en masa y control de armamentos, así como otros acuerdos, y a las negociaciones, mecanismos, actividades y procesos de seguridad en el marco de las Naciones Unidas.

z) Nos comprometemos a fortalecer el sistema multilateral basado en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA y en el derecho internacional. Reafirmamos el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como el órgano con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Reafirmamos además que la OEA, como organismo regional de conformidad con el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, debe realizar todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local y debe cooperar con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA.


III. COMPROMISOS Y ACCIONES DE COOPERACIÓN

5. Reafirmamos que la democracia constituye un derecho y un valor compartido fundamental que contribuye a la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio y su plena vigencia es esencial para la consolidación del estado de derecho y el desarrollo político, económico y social de los pueblos. Promoveremos y defenderemos la democracia por medio de la aplicación de la Carta de la
OEA, la Carta Democrática Interamericana y el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

6. Reiteramos nuestro compromiso con el principio de solución pacífica de controversias consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Reafirmamos asimismo nuestra decisión de fortalecer la paz en el Hemisferio, a través de la prevención de conflictos y la solución pacífica de las controversias. Continuaremos apoyando los esfuerzos, acuerdos y mecanismos bilaterales, subregionales y regionales para prevenir conflictos y solucionar pacíficamente las controversias.

7. Además, nos comprometemos a apoyar las acciones que emprendan los Estados Miembros involucrados en controversias que aún subsisten en el Hemisferio, tendientes a alcanzar una solución pacífica negociada de las mismas, de modo que el Hemisferio se consolide como una región más estable y segura. En consecuencia, continuaremos apoyando los trabajos de la Secretaría General de la OEA, entre otros, a través del Fondo de Paz: Solución Pacífica de Controversias Territoriales, cuando las partes lo requieran.

8. Hacemos un llamado para la renovada y continua atención y el desarrollo de instrumentos y estrategias apropiados dentro del sistema interamericano dirigidos a abordar las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares, como se reflejó en la Declaración de Kingstown sobre la Seguridad de los Pequeños Estados Insulares.

9. Afirmamos que el fortalecimiento de los acuerdos y mecanismos bilaterales y subregionales de cooperación en materia de seguridad y defensa contribuye a la paz y la estabilidad política de la región y a la seguridad en el Hemisferio.

10. Consideramos que las zonas de paz y cooperación contribuyen a la paz, la seguridad y la cooperación en el Hemisferio, por lo que respaldamos el establecimiento de zonas de paz en los ámbitos bilateral y subregional entre los Estados Miembros.

11. Afirmamos que la consolidación de la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada, a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y sus Protocolos, constituye una contribución sustancial a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales.

12. Enfatizamos el compromiso de los Estados de la región con el control de armamentos, el desarme y la no proliferación de todas las armas de destrucción en masa y la plena aplicación, por todos los Estados Parte, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

13. Declaramos nuestro objetivo de hacer de las Américas una región libre de armas biológicas y químicas.

14. Prevendremos la proliferación de armas de destrucción en masa y sus medios vectores mediante, entre otras acciones, un apoyo decidido al Organismo Internacional de Energía Atómica, incluida la aplicación universal del sistema de salvaguardias del Organismo, y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, y estableciendo normas nacionales y controles a la exportación de materiales, tecnología y conocimientos especializados que puedan contribuir a la elaboración, producción o utilización de las armas de destrucción en masa y sus medios vectores.

15. Refrendamos el compromiso de continuar realizando esfuerzos para limitar los gastos militares, manteniendo una capacidad que corresponda a nuestras legítimas necesidades de defensa y seguridad y promoviendo la transparencia en la adquisición de armamentos. La aplicación continua de medidas de fomento de la confianza y la seguridad contribuye a la creación de un ambiente propicio para este propósito.

16. Reafirmamos que en el marco de la paz, la cooperación y la estabilidad alcanzadas en el Hemisferio, cada Estado americano es libre para determinar sus propios instrumentos para la defensa, incluidos la misión, el personal y las fuerzas armadas y de seguridad pública necesarias para garantizar su soberanía, así como adherirse a los instrumentos jurídicos correspondientes en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA.

17. Reiteramos que, tal como se señala en las Declaraciones de Santiago y San Salvador y el Consenso de Miami, las medidas de fomento de la confianza y la seguridad incrementan la transparencia y el entendimiento entre los Estados del Hemisferio y fortalecen directamente la estabilidad regional. Afirmamos que la aplicación y el desarrollo adicional de las medidas de fomento de la confianza y la seguridad, de conformidad con el marco constitucional de cada Estado, contribuyen a la paz en el Hemisferio. Fomentaremos la confianza mutua al implementar, según corresponda, las medidas de fomento de la confianza y la seguridad identificadas en los instrumentos mencionados y las establecidas conforme a instrumentos bilaterales y multilaterales y otros acuerdos.

18. Afirmamos que las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas y otros foros de consulta en materia de defensa existentes en el Hemisferio se han constituido en un espacio apropiado para promover el conocimiento recíproco, la confianza mutua, el diálogo y la transparencia en materia de defensa.

19. Reafirmamos que las Reuniones de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y otras reuniones de autoridades en materia de justicia penal son foros importantes y eficaces para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad.

20. Reafirmamos nuestro apoyo de establecer al Hemisferio como una zona libre de minas terrestres antipersonal. Acogemos con beneplácito el enfoque cooperativo y los esfuerzos de todos los Estados, así como del Grupo de Acción contra Minas de la Organización de los Estados Americanos, de prestar apoyo al desminado humanitario, la educación acerca del riesgo de las minas, la asistencia y rehabilitación de las víctimas de minas y la recuperación socioeconómica. Resaltamos la importancia de la Convención de Ottawa y su universalización y apoyamos a los Estados Parte de esta Convención en sus esfuerzos para implementarla a fin de librar sus territorios de las minas terrestres antipersonal.1. Estados Unidos no puede unirse al consenso en torno a este párrafo, por su contenido y porque está revisando su política en cuanto a minas terrestres./

21. Reconocemos que nuestro Hemisferio está en condiciones de contribuir a la paz y la seguridad mundiales y, por ende, convenimos en colaborar con la capacitación y organización de misiones de mantenimiento de la paz, de manera que cada Estado pueda, de acuerdo con sus posibilidades y de permitirlo su orden jurídico interno, participar en operaciones de esta índole que lleven a cabo las Naciones Unidas.

22. Afirmamos que el terrorismo constituye una grave amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos. Refrendamos nuestro compromiso de luchar contra el terrorismo y su financiación con el pleno respeto al estado de derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nos comprometemos a promover la universalidad y la efectiva aplicación de los actuales convenios y protocolos internacionales relacionados con el terrorismo.

23. En el marco jurídico referido en el párrafo anterior, fomentaremos en los países del Hemisferio la capacidad para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Fortaleceremos el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la cooperación bilateral, subregional y hemisférica, a través del intercambio de información y la más amplia asistencia jurídica mutua para prevenir y reprimir la financiación del terrorismo; impedir la circulación internacional de terroristas, sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y la facilitación del comercio; y asegurar el enjuiciamiento, de acuerdo con el derecho interno, de toda persona que participe en la planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo y de aquellos que, directa o indirectamente, provean o recolecten fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer actos de terrorismo. Nos comprometemos a identificar y combatir las amenazas terroristas emergentes, cualquiera que sea su origen o motivación, tales como amenazas a la seguridad cibernética, el terrorismo biológico y amenazas a la infraestructura crítica.

24. Hacemos hincapié en la necesidad de redoblar los esfuerzos emprendidos en el Hemisferio respecto de la seguridad en el transporte, aprovechando los que llevan a cabo la Organización de la Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, sin perjudicar los flujos comerciales. Reviste importancia, asimismo, la coordinación entre las iniciativas nacionales y multilaterales en el ámbito de la seguridad para el transporte y la seguridad portuaria, por intermedio de foros regionales como la Iniciativa de Transporte del Hemisferio Occidental, la Comisión Interamericana de Puertos, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA).

25. Condenamos la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades. Renovamos el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado, en particular a través del intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y la extradición. Lucharemos contra la delincuencia organizada transnacional mediante, entre otras acciones, la plena implementación de las obligaciones contraídas por los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, para que el lavado de activos, el secuestro, el tráfico ilícito de personas, la corrupción y los crímenes relacionados se tipifiquen como delito en el Hemisferio y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen, rastreen, congelen o incauten y, en último término, se decomisen y enajenen. Asimismo, mejoraremos la coordinación y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales.

26. Desarrollaremos una cultura de seguridad cibernética en las Américas adoptando medidas de prevención eficaces para prever, tratar y responder a los ataques cibernéticos, cualquiera sea su origen, luchando contra las amenazas cibernéticas y la delincuencia cibernética, tipificando los ataques contra el espacio cibernético, protegiendo la infraestructura crítica y asegurando las redes de los sistemas. Reafirmamos nuestro compromiso de desarrollar e implementar una estrategia integral de la OEA sobre seguridad cibernética, utilizando las contribuciones y recomendaciones elaboradas conjuntamente por los expertos de los Estados Miembros y por el Grupo de Expertos Gubernamentales de la REMJA en Materia de Delito Cibernético, el CICTE, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y otros órganos apropiados, teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan los Estados Miembros coordinado con la Comisión de Seguridad Hemisférica.

27. Reafirmamos que la cooperación multilateral basada en la responsabilidad compartida, la integralidad, el equilibrio, la confianza mutua y el pleno respeto a la soberanía de los Estados es esencial para hacer frente al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, los cuales constituyen una amenaza a la seguridad de la región. Fortaleceremos la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y el Mecanismo de Evaluación Multilateral, para avanzar en la lucha contra la producción, el tráfico y el consumo ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos.

28. Estamos convencidos de que la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad hemisférica, que al ser usados por terroristas y criminales socavan el estado de derecho, engendran violencia y en algunos casos impunidad, exacerban los conflictos y representan un serio peligro para la seguridad de las personas. Reiteramos la necesidad de una cooperación efectiva para impedir, combatir y erradicar esta amenaza, y reconocemos el valor de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA).

29. Combatiremos la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados mediante, entre otras acciones, la destrucción de los excedentes de armas de fuego designados para ello por cada Estado; la protección y el control nacional de nuestros arsenales; y la reglamentación de la intermediación de armas de fuego, incluidas sanciones a la intermediación ilícita, con el objeto de evitar su desvío a los canales ilícitos y la proliferación. Asimismo, fortaleceremos los esfuerzos de cooperación bilateral y multilateral y, en particular, la coordinación y cooperación entre el Comité Consultivo de la CIFTA, la CICAD, el CICTE y las Naciones Unidas.

30. Subrayamos que el lavado de activos erosiona la integridad, probidad y funcionamiento transparente de las instituciones financieras, públicas y privadas, y traspasa sus efectos nocivos hacia otros sectores de la sociedad. Continuaremos trabajando en el marco de la CICAD, así como con otros órganos regionales e internacionales relevantes, para fortalecer la cooperación y el intercambio de información acerca de los controles en los sistemas financieros de nuestros países, a fin de erradicar este delito.

31. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, pasiva y activa, que constituye una amenaza a la seguridad de nuestros Estados y socava las instituciones, públicas y privadas, y la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos, compromete la estabilidad, erosiona el estado de derecho y vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras amenazas a la seguridad. Sus efectos se propagan hacia diferentes campos de la actividad de nuestros Estados, por lo que la cooperación, la asistencia judicial mutua, la extradición y la acción concertada para combatirla es un imperativo político y moral. Nos comprometemos a fortalecer el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y apoyar la Convención de las Naciones Unidas sobre este tema.

32. Destacamos el papel de la educación para la paz y el fortalecimiento de la democracia en nuestro Hemisferio como una región donde prevalecen la tolerancia, el diálogo y el respeto mutuo como formas pacíficas de convivencia. Recomendamos que tanto en cada Estado como en las instancias interamericanas correspondientes, especialmente la Comisión Interamericana de Educación, se tomen acciones para promover una cultura democrática, conforme a lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana.

33. Acordamos, en el marco de nuestro compromiso con una cultura democrática, reforzar la participación de la sociedad civil en la consideración, elaboración y aplicación de enfoques multidimensionales de seguridad.

34. Subrayamos la importancia de continuar asegurando y promoviendo la protección de los refugiados, los asilados y los solicitantes de asilo en un marco de solidaridad y cooperación efectiva entre todos los Estados, de acuerdo con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967 y los principios internacionales de protección de los refugiados. Subrayamos la importancia de asegurar la protección y asistencia de los desplazados internos. Igualmente, renovamos el llamado a la cooperación internacional e interamericana en situaciones de flujos masivos de refugiados para facilitar la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras y, cuando sea apropiado y factible, teniendo presente las posibilidades nacionales, la integración local o reasentamiento de refugiados en un tercer Estado, en cumplimiento de las normas internacionales.

35. Fortaleceremos los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social. La solución de esta inaceptable situación es una tarea primordial de los Estados del Hemisferio, que requiere un compromiso y acciones continuas para promover el desarrollo económico y social y la educación, lo que debe ser complementado con la coordinación, cooperación y solidaridad entre los Estados y acciones de las instituciones financieras internacionales, incluyendo cualquier mecanismo financiero innovador que surja en los foros competentes. También reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la pobreza extrema en nuestros Estados al adoptar y aplicar medidas conforme a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Consenso de Monterrey y la Declaración de Margarita, entre otros, promoviendo el desarrollo mediante la cooperación económica del Hemisferio y utilizando plenamente los organismos de desarrollo nacionales, regionales e internacionales.

36. Afirmamos nuestra decisión de colaborar, a solicitud del Estado que lo requiera, en la búsqueda de soluciones urgentes a las crisis financieras que afecten la estabilidad política, económica o social de un Estado Miembro. En consecuencia, apoyaremos al Estado Miembro afectado en la búsqueda de una solución a la crisis, con la debida urgencia, en las negociaciones que se lleven a cabo en el marco institucional de los organismos financieros internacionales.

37. Manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que la falta de acceso y los servicios de salud insuficientes exacerban la marginalidad y la pobreza extrema. Reafirmamos que el acceso universal y no discriminatorio a los servicios básicos de salud, incluyendo programas de educación sanitaria y de atención preventiva, es un compromiso continuo de nuestros Estados. Asimismo, proponemos fortalecer las campañas de información y educación para prevenir la propagación de enfermedades.

38. Constatamos que los inadecuados servicios de salud exacerban la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades epidémicas, lo cual constituye una seria amenaza que afecta con mayor incidencia a los Estados del Hemisferio que disponen de menos recursos para prevenirlas y combatirlas. Proponemos desarrollar estrategias multisectoriales, principalmente en el marco de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y con una perspectiva de género, y mecanismos de cooperación para combatir estas enfermedades y sus consecuencias, orientando mayores recursos nacionales, bilaterales y multilaterales para combatirlas con miras a mejorar la disponibilidad y el acceso de todos a los medicamentos, en especial para las poblaciones más vulnerables. Mejoraremos la salud de nuestros pueblos promoviendo políticas integrales de salud con una perspectiva de género, así como el acceso a la atención a los servicios de salud, incluidos los medicamentos y el tratamiento médico, alentando la investigación de enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, movilizando financiamiento adicional, mejorando la cooperación internacional contra nuevas epidemias y fortaleciendo el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

39. Expresamos nuestra preocupación por los desastres naturales, así como por los originados por el hombre, que afectan a los Estados del Hemisferio y causan daños más profundos en los Estados más vulnerables y que aún no han desarrollado capacidades adecuadas de prevención y mitigación. Nos comprometemos a reforzar los mecanismos interamericanos existentes y a desarrollar nuevos mecanismos de cooperación para mejorar y ampliar la capacidad de respuesta de la región en la prevención y mitigación de los efectos de estos desastres. Responderemos de manera eficaz y rápida a los desastres naturales al fortalecer las acciones e instituciones bilaterales, subregionales y multilaterales existentes como el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN) y, cuando sea posible, utilizar la tecnología y los recursos científicos para impedir que ocurran, así como tomar medidas de adaptación para mitigar sus efectos, tratando de evitar o reducir el daño al medio ambiente, a la infraestructura crítica y productiva, a nuestro patrimonio y, lo que es más importante, a nuestros pueblos.

40. Reconocemos que el deterioro del medio ambiente afecta la calidad de vida de nuestros pueblos y puede constituir una amenaza, una preocupación o un desafío a la seguridad de los Estados del Hemisferio. Nos comprometemos a fortalecer nuestras capacidades nacionales y los mecanismos interamericanos para promover el uso sustentable de nuestros recursos naturales y avanzar hacia el desarrollo integral, y a promover la preservación del medio ambiente en forma cooperativa.

41. Reconocemos que el cambio climático global puede constituir una amenaza, una preocupación o un desafío para la seguridad de los Estados del Hemisferio. Nos comprometemos a trabajar coordinadamente en aras de mitigar los efectos adversos que el cambio climático global pueda tener sobre nuestros Estados y a desarrollar mecanismos de cooperación en concordancia con los esfuerzos internacionales en esta materia.. Estados Unidos no puede unirse al consenso en torno a este párrafo porque, entre otros elementos, presenta una imagen errónea de la naturaleza de los desafíos a largo plazo que plantea el cambio climático global, que no es de origen hemisférico ni se presta a soluciones a corto plazo, y porque destaca sólo una única causa potencial de deterioro ambiental, cuando en realidad existen varias otras causas que son a la vez más fáciles de comprender, inmediatas y más apremiantes, entre ellas la contaminación del aire y del agua y las prácticas no sostenibles de uso de la tierra. Además, como Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Estados Unidos ya está emprendiendo una serie de acciones para abordar el desafío a largo plazo que plantea el cambio climático mundial, incluidos esfuerzos concretos con muchos socios del Hemisferio. No queda claro cómo el vago compromiso de este párrafo podrá funcionar o qué lagunas busca subsanar./


IV. CUESTIONES INSTITUCIONALES

42. Reafirmamos el compromiso de revitalizar y fortalecer los órganos, instituciones y mecanismos del sistema interamericano relacionados con los diversos aspectos de la seguridad en el Hemisferio, para de lograr una mayor coordinación y cooperación entre ellos, en el ámbito de sus competencias, a fin de mejorar la capacidad de los Estados americanos para enfrentar las amenazas tradicionales, así como las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio.

43. Recomendamos que, dentro de la OEA, la Comisión de Seguridad Hemisférica coordine la cooperación entre los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la Organización relacionados con los diversos aspectos de la seguridad y defensa en el Hemisferio, respetando los mandatos y el ámbito de sus competencias, con objeto de lograr la aplicación, evaluación y seguimiento de la presente Declaración.

44. Recomendamos también que la Comisión de Seguridad Hemisférica mantenga los enlaces necesarios con otras instituciones y mecanismos subregionales, regionales e internacionales relacionados con los diversos aspectos de la seguridad y defensa en el Hemisferio, respetando los mandatos y el ámbito de sus competencias, para lograr la aplicación, evaluación y seguimiento de la presente Declaración.

45. Acogemos con beneplácito las recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo y el Comité Consultivo de la CIFTA y recomendamos que, a partir de ellas, la Comisión de Seguridad Hemisférica elabore estrategias coordinadas y planes de acción integrados relacionados con estas nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica.

46. Agradecemos las recomendaciones de las conferencias y reuniones especializadas del sistema interamericano y recomendamos que la Comisión de Seguridad Hemisférica les dé la debida consideración en sus programas de trabajo y, cuando corresponda, en la elaboración de estrategias coordinadas y planes de acción integrados relacionados con las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica.

47. Asimismo, agradecemos las aportaciones de la sociedad civil y recomendamos que, cuando corresponda, la Comisión de Seguridad Hemisférica les dé la debida consideración en su trabajo relacionado con las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica.

48. Recomendamos que el Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, continúe el proceso de examen y evaluación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), así como de otros instrumentos hemisféricos vigentes en materia de seguridad colectiva y solución pacífica de controversias, teniendo en cuenta las realidades de la seguridad en el Hemisferio y la naturaleza distinta de las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad, así como los mecanismos de cooperación para hacerles frente.

49. Reiteramos la necesidad de aclarar la relación jurídica e institucional de la Junta Interameri-cana de Defensa (JID) con la OEA. Por ello, recomendamos que el Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 54, incisos (a) y (b), de la Carta de la Organización y de conformidad con los criterios contenidos en las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión, en particular la resolución AG/RES. 1240 (XXIII-O/93) – “asesoramiento y prestación de servicios consultivos de carácter técnico-militar que en ningún caso podrán tener naturaleza operativa”; la resolución AG/RES. 1848 (XXXII-O/02) –“incluido el principio de supervisión civil y la conformación democrática de sus autoridades”; y las resoluciones AG/RES. 1908 (XXXII-O/02) y AG/RES. 1940 (XXXIII-O/03) – “proporcionar a la OEA la pericia técnica, consultiva y educativa en materia de defensa y seguridad”–, concluya el análisis de la relación de la JID con la OEA y eleve recomendaciones al trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta determine las normas que precisen esa relación y el mandato de la Junta. El Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, mantendrá comunicación regular con la JID para los efectos de este párrafo.

50. Enfatizamos que los compromisos adoptados por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno mediante el proceso de Cumbres de las Américas ofrecen un marco para promover la cooperación en asuntos relacionados con la seguridad hemisférica.

51. Recomendamos que, periódicamente, la Comisión de Seguridad Hemisférica se reúna como el “Foro para las Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad” a efectos de revisar y evaluar las medidas de fomento de la confianza y la seguridad existentes y, si es del caso, considerar nuevas medidas que permitan asegurar el progreso en este campo.

52. Recomendamos que la Asamblea General fortalezca la capacidad de la Secretaría General a fin de servir mejor a los Estados Miembros y cuerpos políticos de la Organización en materia de seguridad hemisférica, incluido un apoyo sustantivo y de secretaría a la Comisión de Seguridad Hemisférica.